La falta de ética y las prácticas deshonestas en los diversos estamentos de la gestión pública afectan al desarrollo social, y al mismo tiempo, las más difíciles de ser probadas porque los delincuentes de "cuello y corbata" generalmente nunca dejan pruebas. Urge hacer cumplir las políticas de controles internos que desde la perspectiva de la administración de riesgos y buen gobierno corporativo son necesarios para el desarrollo de los pueblos.
La corrupción no sólo es un acto inmoral y lesivo a los intereses de los países, sino que fomenta el subdesarrollo, analfabetismo, pobreza, desnutrición, delincuencia, desempleo y otros males sociales. Frena el crecimiento económico y el bienestar social de la región.
En América Latina por lo general, la corrupción siempre estuvo ligada a la actividad política, desvirtuando de esta manera, el importante rol que cumplen los partidos políticos en la democracia. Es cierto que muchas administraciones gubernamentales (presidentes, gobernadores, alcaldes, consejeros y regidores) han abusado de su autoridad para cometer actos delictivos, pero los hechos dolosos también están presentes en el sector privado, instituciones civiles, organizaciones populares y hasta en grupos religiosos.
La corrupción tiene distintos matices y está en todos los ámbitos. Está en el juez que recibe soborno de los litigantes, en el chofer que paga coima a la policía, en el profesor que acepta dinero de sus alumnos, en la licitación pública poco transparente y en el periodista que cobra por difundir una noticia. También en el título académico falsificado, en el pastor evangélico que exige ofrendas a sus creyentes para su beneficio personal, en el sacerdote que se apropia de bienes comunales y en los políticos que mienten para ocultar sus hechos.
Asimismo, en empresarios que pagan para ganar concursos públicos, en adquisiciones sobrevaluadas, en la evasión de impuestos, en los delitos económicos y financieros, y en empleados que roban tiempo y materiales de sus centros de trabajo. La corrupción es casi inherente a la actividad pública. Hemos crecido con ella y la tenemos cerca a nosotros.
De ahí que la corrupción podría convertirse en una institución. La cultura de "Pepe el vivo" es el modelo de vida de algunas personas. Incluso, hay quienes celebran los "logros" alcanzados. Si queremos que nuestros países cambien empecemos cumpliendo las normas que ya están escritas. Los Estados para prevenir actos dolosos y evitar escándalos, han desarrollado estrictas normas de control interno, pero lamentablemente no se cumplen.
En la región hay ejemplos de cambios profundos. En los años 80, la administración colombiana era considerada como una de las más corruptas en América Latina. El gobierno decidió aplicar el famoso Modelo Estándar de Control Interno (Meci) y la corrupción administrativa se redujo drásticamente. En el caso chileno, ocurrió algo similar a partir de la administración del ex presidente Ricardo Lagos, cuyos logros lo está cosechando la presidenta Michelle Bachelet. México hizo lo propio desde el gobierno de Vicente Fox, después de vencer al PRI con más de 60 años en el poder.
En 2001, Fernando De la Rúa, presidente de Argentina desarrolló un plan de controles internos para su país y en Brasil, a raíz de la renuncia del ex jefe de Estado, Fernando Collor de Mello en 1992 por actos de corrupción, el Congreso de ese país aprobó un Manual de Ejecución de Controles Internos, que fue ampliado por Itamar Franco y Fernando Henrique Cardoso y seguido actualmente por Luis Ignacio Lula Da Silva.
El lado oscuro lo presentan Venezuela, Bolivia y Ecuador que por estrategia política no consideran prácticas anticorrupción en sus países. El Perú por indolencia e incumpliendo de las normas que la tiene dispersas en diversas instituciones se acerca a este último grupo. No olvidemos que el lavado de dinero se fomentaba en el país incaico desde el mismo gobierno en los años ochenta, cuando los "cocadólares" ingresaban vía certificados de depósitos al portador y representantes de los bancos locales viajaban al Alto Huallaga para comprar "dólares" que estaban más baratos.
Para muestra un botón. En la región, hay normas acerca del lavado de activos y algunas empresas están en la obligación de tener manuales internos para brindar información sobre transacciones vinculadas con el lavado de dinero. La obligación es para todas las personas y empresas que desarrollan acciones como compra y venta de divisas, servicio de correo y courier, comercio de antigüedades, joyas, metales y piedras preciosas. También monedas, objetos de arte y sellos postales, préstamos y empeño.
Asimismo, agencias de viajes y turismo, hoteles y restaurantes, notarios y martilleros públicos, y organizaciones que reciben donaciones o aportes de terceros. Por último, servicios de cajas de seguridad y consignaciones, laboratorios y empresas que producen o comercializan insumos químicos que se utilizan para la fabricación de drogas o explosivos, y aquellos que se dedican a la compra-venta o importaciones de armas, materiales explosivos y empresas mineras. ¿Cuántas empresas cumplen la normatividad?
La aplicación de adecuados controles internos con enfoque de riesgos en la administración pública es vital para reducir actos e intentos de corrupción gubernamental. Hay crecientes preocupaciones entre empresarios y académicos respecto a la corrupción, especialmente aquellos delitos llamados "crímenes de cuello blanco". Se busca conocer modernas estrategias para detectar delitos económicos y aplicar con antelación determinadas herramientas.
Los estudios internacionales revelan que solo el 5% de actos de corrupción en una organización pública es causada por fraudes cometidos por empleados de nivel bajo, el 20% son hechos por gerentes, directores y funcionarios, y el 75% por ejecutivos o empleados de nivel medio. Según las investigaciones del Instituto Internacional de Estudios Gerenciales, los delitos son soborno, malversación, nepotismo, dolo, suplantación, falsedad genérica, robo, defraudación de impuestos y abuso de autoridad.
Urge que funcionarios y empleados estén informados sobre la aplicación de los adecuados controles internos con enfoque de riesgos para que actúen con diligencia en compras estatales y licitaciones públicas, cumpliendo de esta manera con los estándares internacionales que se exigen. El control interno es un instrumento de gestión que se debe utilizar para proporcionar garantías razonables en el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. El cumplimiento de estas normas fomentará que las dependencias públicas se administren de una manera más transparente y con mayor eficiencia, redundando en un mayor valor para el propio gobierno.
Es importante que las organizaciones públicas sepan cómo se están organizando las diversas modalidades de corrupción, lavado de activos, y delitos económicos y financieros. Pretender en pleno siglo XXI realizar actos de corrupción como en los años setenta es difícil por el auge de las modernas tecnologías de la información. Ahora es fácil comprobar precios y compras en tiempo real acerca de transacciones realizadas en cualquier país. Pero también es real que las mafias usan tecnologías para realizar actos de corrupción.
Se debe conocer las modernas herramientas que trae consigo el proceso de globalización como son la administración integral de riesgos, la aplicación del buen gobierno corporativo, el uso de tecnologías y el desarrollo de adecuados controles internos. Una de esas herramientas es la administración integral de los riesgos que permite a las organizaciones públicas y privadas tener un "mapeo" de sus áreas vulnerables o sensibles a fin de identificar los riesgos. No olviden que un riesgo no identificado es un posible siniestro que representará para la institución, gobierno o empresa, grandes pérdidas financieras.
César Sánchez Martínez
FIRMADOS Nº 038
LIMA, Octubre 24, 2007
1 comentario:
Y en España...
CURSOS SOBRE CORRUPCIÓN
Rafael del Barco Carreras
Me proponen participar en unos cursos donde una de las asignaturas sería la CORRUPCIÓN. Cursos de DEFENSA CIVIL los titula el ingeniero superior especializado en tecnologías de INTERNET, Luis Toribio. Ver su web www.legitimidad.es. Que yo sepa no hay precedentes. A pesar de tan extendida, la corrupción, comparable a la sexualidad durante siglos, es un tabú. ¿Cómo academizar unas tan enraizadas prácticas?. Si sobre estafas o métodos delictivos se ha escrito y sintetizado casi todo en Criminología, sobre el específico mundo “oficial” y “paraoficial” donde tantos se han enriquecido a base de engañar, traicionar, mentalizar, dirigir, explotar, mentir, falsificar, prevaricar y extorsionar a clientes en connivencia con funcionarios públicos convirtiéndose en una gran red explotadora de toda una cadena de rentables delitos, apenas si hay referencias. El catedrático Rafael Jiménez de Parga, según Internet, participa en semanarios sobre la “Denuncia Falsa”, pero no nos explica como se juega con ella por parte del “mundo oficial”, el suyo. O descubrir la falacia en las conferencias del Juez Miguel Moreiras, invitado por Juan Piqué Vidal, sobre la “Personalidad del estafador”, y cerciorarse uno mismo, que completamente convencido de tener el “mejor abogado” de la ciudad, se ha convertido en una mosca a succionar en una tupida tela de araña. Y nunca estuve de acuerdo con el Fiscal Jefe Vitalicio José María Mena sobre el “caso aislado” Luis Pascual Estevill, el “nos temimos una generalización” se halla más cercano a la realidad. Con la particularidad que a todos les encantaba teorizar y escribir densos libros sobre los delitos que con tanta precisión e impunidad explotaban ellos mismos. Su palo.
En resumen, unos cursos de “autodefensa intelectual”. LA CORRUPCIÓN, una asignatura que solo desde la sufrida experiencia se puede impartir. Una labor apasionante, y peligrosa. Un dato, los dos citados poseen en estos momentos bufetes de 50 profesionales cada uno dispuestos a defender su honor, y en casos concretos su “libertad”, a base de denuncias, abusando de su preeminencia en la Judicatura y el mundo del Derecho. El TERROR del “a éste lo empapelo”. En cuanto a Jiménez de Parga, que se lo pregunten al periodista Félix Martínez, y sobre el encarcelado Piqué Vidal y los cientos que prestan o han prestado servicios en su bufete, no solo tiran y han tirado del barato papel oficial (barato o gratuito en su caso) sino de muchísimas más prácticas corruptas. Y ni pensar que sus jueces, secretarios, fiscales, o incluso notarios, “amigos”…siguen en activo, dispuestos a ganar dinero a como de lugar.
Cursos pues, muy peligrosos, pero alguien deberá empezar a explicar el calvario que puede caerle encima a cualquiera, si como a mí, y miles más, un buen día le llaman de un bufete, consulting o gestoría proponiéndole la defensa o su intervención en un caso concreto. O convencido que tiene razón, la pueda conseguir, o cargado de malicia contra cualquiera de los muchos problemas de la vida, acude a un abogado, y no solo “no tendrá” razón alguna sino que le exprimirán, o algo peor. Si un francés escribió que a un hombre le pueden arruinar “el juego, las mujeres y los ingenieros”, yo siempre he añadido… y también el “mejor abogado” de la ciudad.
Sobre eso y más, y por su abundancia en Barcelona, se imponen unos cursos que además de enseñar a captar, y por tanto defenderse de la abundante corrupción y hasta atropellos “oficiales”, porque además te convierten en delincuente y enemigo público, despierte el olfato para huir de refinados y muy “doctores” profesionales.
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