REP.DOMINICANA: Aborto Reforma constitucional revive controvertido tema

Con argumentos a favor y en contra, el tema del aborto ha vuelto al debate público, a propósito del proceso de reforma constitucional que ya está en marcha en el país. Ayer, representantes de la Iglesia evangélica y de organizaciones de los derechos humanos, así como Salud Pública y el vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) se expresaron en contra de la legalización de esta práctica que califican como un crimen de lesa humanidad. Mientras, la Coordinadora del Departamento de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y el Colegio Médico Dominicano (CMD) favorecen que el aborto sea legal cuando esté en juego la salud de la madre o del feto. El domingo pasado, el cardenal acusó de ser "carniceros y mercaderes de la vida" a los médicos y congresistas que están detrás de legalizar el "crimen" del aborto en el país. El presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, deploró y rechazó la generalización del prelado cuando acusa a todos los médicos dentro de su denuncia, por considerar que el término es incorrecto. Suero explicó que siempre han sido partícipes de que el aborto tiene varias vertientes y que no debe verse desde un solo ángulo, debido a que hay condiciones que sí favorecen el aborto, citando por ejemplo, cuando se pone en peligro la salud de la madre o cuando el niño por nacer tiene problemas incurables. Empero, aclaró que nunca estarán de acuerdo con el aborto criminal. En cuanto a la acusación del Cardenal, la diputada Minou Tavárez Mirabal dijo que a ella no le corresponde juzgar el lugar ni la oportunidad que utilizó este para arremeter contra el Congreso Nacional y contra legisladores  que se entiende tienen una posición diferente con respeto a temas que, según dice, ni siquiera se están discutiendo  en la  Constitución. Consideró que el tema del aborto debe tratarse con flexibilidad, con cuidado y con respeto a la diversidade de opiniones, ya que el país vive una democracia, donde los temas se debatan sin que se pretenda amedrentar o imponer posiciones. De su lado,  el diputado Víctor Terrero, autor de la propuesta modificación del artículo 30 de la Constitución, rechazó que con la iniciativa se pretenda legalizar el aborto como afirma el Cardenal. Sin embargo, dijo que como presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, asume en todas sus partes la modificación del artículo 30, ya que según dijo, si ese artículo es aprobado tal y como está propuesto, podría aumentar la morbilidad y mortalidad maternas en el país. "Este artículo 30 viola una serie de derechos que en principio pretende proteger, entre ellos el derecho de las mujeres a la protección de su salud y una maternidad sin riesgos. Insistimos que reconocemos el valor del feto y su derecho a la vida, pero si el texto es tan restrictivo como se propone, habría que dejar morir a la mujer y a su embrión o feto cuando no hay otra manera de salvar una mujer que no sea interrumpiendo el embarazo", dijo. En contra. El reverendo Reynaldo Franco Aquino, del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue); Porfirio Rojas Nina, de la Comisión de los Derechos Humanos; Ramón Rogelio Genao, del PRSC, y Bautista Rojas Gómez, secretario de Salud Pública, coinciden en que la preservación de la vida debe ser respetada desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. "Codue sigue considerando el aborto como un crimen moral y espiritual  y lo rechaza porque atenta contra la vida. La Iglesia evangélica hace un llamado a los congresistas para que se respete y se promueva la vida desde la Constitución", afirmó Franco Aquino. Países donde es legal Los únicos países de la región donde el aborto está legalizado son Puerto Rico, Cuba, y tres países de Antillas Francesas, Guyana Francesa, Guyana y Barbados. Otros países donde está legalizado el aborto únicamente cuando la vida de la mujer embarazada peligra son Haití, Venezuela, Argentina, Bahamas, Costa Rica, Dominica, Colombia, Brasil, Antigua y Barbuda, Perú, Panamá, Islas Caimán, México y Bolivia. El aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador, Honduras, Saint Martin (Antillas Holandesas), República Dominicana y últimamente en Nicaragua. En estos países está penalizado el aborto inducido con cárcel tanto a la mujer como al que lo practica. La prohibición o restricción severa del aborto no ha impedido su práctica, sino que obliga a la realización de abortos de riesgo que deriva mayormente en perjuicios para las mujeres pobres. La mayor parte de las legislaciones de América Latina han intentado resolver el problema del aborto inducido mediante su prohibición, lo cual se ha traducido en graves consecuencias económicas, sociales, de salud pública y de justicia social para las mujeres de estos países. Un informe especial del Observatorio Regional para la Mujer de América Latina y el Caribe señala que más del 50% de las muertes maternas del mundo suceden en los países que tienen las leyes menos restrictivas contra el aborto

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