Un ultralaicista en Religión
EFE
LAURA DANIELE
MADRID. El Gobierno, sin lugar a dudas, ha elegido a unos de sus mejores candidatos para llevar a adelante su «promoción activa» de la aconfesionalidad del Estado, al designar a José María Contreras, nuevo director general de Asuntos Religiosos. El hasta ahora responsable de la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada por el Gobierno socialista para colaborar con las confesiones minoritarias, es uno de los principales defensores de la «ofensiva laicista» que lidera el Gobierno de Zapatero.
Ayer, en el acto de su toma de posesión, el propio ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, señaló que José María Contreras llega al cargo «sabiendo de donde venimos y con el testigo bien amarrado». Dos líneas de trabajo trazó, además, el ministro durante la ceremonia, que contó con la presencia del secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino: el de alcanzar «relaciones adecuadas con las confesiones religiosas desde la perspectiva de un Estado aconfesional» y seguir dando pasos en el camino hacia «la igualdad».
Revisión de los concordatos
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado, autor de múltiples publicaciones relacionadas con la tutela y protección de la libertad de conciencia y religiosa, miembro de la Comisión Asesora de la Libertad Religiosa del Ministerio de Justicia y de su comisión permanente, Contreras asume un puesto de máxima relevancia para el Gobierno, en un momento en el que éste se plantea reformar la Ley Orgánica de Libertad Religiosa.
Su visión sobre las relaciones Iglesia-Estado y la presencia del hecho religioso en el espacio público no es ningún secreto. Se condensan en dos documentos, elaborados junto al profesor de la Universidad Carlos III Óscar Celador y presentados entre 2005 y 2007 en la Fundación Alternativas, considerada como «laboratorio de ideas del PSOE».
En el primero, titulado «Estatuto de Laicidad y Acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate», Contreras propone «iniciar un proceso de negociación entre el Estado y la Santa Sede, cuyo objetivo sea la modificación de los Acuerdos con el fin de acomodarlos materialmente a la Constitución española y a la evolución que ha tenido la sociedad española». En general, aboga «por una redacción precisa que evite equívocos o posibles interpretaciones confesionales, y repetuosa con la laicidad del Estado».
Entre las críticas concretas a estos Acuerdos señala, en materia económica, que el Estado «no puede financiar el culto a ningún grupo religioso, en ninguna medida». Con respecto a los acuerdos sobre Educación, indica que «la enseñanza de la Religión católica debería situarse en el plano que le corresponde a un Estado laico, y que no puede ser otro que el ámbito privado y personal».
Símbolos religiosos
En el segundo de los documentos, «Laicidad, manifestaciones religiosas e instituciones públicas», señala que «la regla general» para garantizar tanto la neutralidad estatal como la separación entre el Estado y las confesiones religiosas debe ser «la prohibición de símbolos religiosos en las manifestaciones institucionales y en los actos organizados por los poderes públicos». Además, concreta que la participación de las autoridades públicas en manifestaciones religiosas «vulnera el principio de laicidad». y que, por ello, sólo deberían asistir a «título personal».
También defiende que los padres que acuden a la educación pública «han optado por una educación laica», lo que imposibilita la presencia de símbolos religiosos en estos espacios de enseñanza.
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