La Jornada
José Antonio Román /I
El fenómeno de la intolerancia religiosa en el país crece y cobra víctimas. Presente sobre todo en las áreas rurales e indígenas, las grandes ciudades tampoco escapan a sus efectos. Lejos de la realidad están los 32 casos contabilizados oficialmente por la Secretaría de Gobernación en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón, contra los 87 ampliamente documentados por diversas instancias evangélicas, en un alarmante subregistro de violaciones a los derechos humanos, que incluso ya investiga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos.
Un homicidio en la comunidad de Jomalhó, en San Juan Chamula, Chiapas, expulsiones, quema y destrucción de casas y templos, extorsiones, corte de servicios de agua potable y electricidad, marginación de los programas sociales y de apoyo contra la pobreza, amenazas, encarcelamientos, secuestros, impedimento para usar los panteones municipales y la negación del servicio escolar a menores forman parte de una larga lista de violaciones que regularmente quedan impunes.
Muchos de estos delitos son cometidos con la excusa de los llamados usos y costumbres de las comunidades indígenas, y casi siempre con el activismo de las autoridades locales, tanto civiles como religiosas, que se aplican a grupos minoritarios cuando éstos no cooperan económicamente ni participan en las fiestas religiosas del pueblo, o cuando pretenden propagar la fe que profesan.
En un seguimiento pormenorizado de los casos de intolerancia religiosa en los primeros 18 meses del gobierno del presidente Calderón, la organización internacional La Voz de los Mártires, con sede en Washington, registró 87 casos de intolerancia religiosa, todos con fecha, nombre de las víctimas, localidad y municipio donde se cometió el delito, así como tipo de agresiones cometidas, que revelan un alarmante subregistro de los casos contabilizados por el gobierno federal, que apenas rebasa los 30 casos, y en los que la mayoría se reportan como "totalmente resueltos" o en "vías de un acuerdo".
La pasividad de las autoridades federales y la ausencia de respeto del tan cantado estado de derecho, ha obligado a diversas iglesias e instancias evangélicas –quienes son los regularmente afectados– a romper el silencio y denunciar estos hechos a escala internacional. En su carta P-833-07, el secretario ejecutivo de la CIDH, Santiago A. Cantón, responde a iglesias y abogados cristianos de haber recibido el legajo de denuncias, las cuales "se encuentran actualmente bajo estudio", cuyo dictamen está por hacerse público.
El asesinato de Lorenzo López López, de 20 años, de la comunidad de Jomalhó, en el municipio chiapaneco de San Juan Chamula, forma parte de esas denuncias. La averiguación previa 151/IA01/2007, señala que el joven, originario del municipio aledaño de Teopsica y miembro de la Fraternidad de Iglesias Evangélicas Nueva Esperanza, acudió al lugar junto con otros dos amigos a pagar una deuda a un familiar.
Según la averiguación, un grupo de católicos comenzó a rodearlos y acusarlos de querer introducir "una religión no católica". Sólo sus acompañantes lograron escapar, mientras que Lorenzo López fue capturado por al menos 30 personas, quienes lo llevaron ante las autoridades locales para ser "juzgado" en el salón de actos del paraje y la "sentencia" fue atarlo de manos, torturarlo, lapidarlo, sacrificarlo y finalmente sepultarlo en un lugar cercano. Su cuerpo fue encontrado el 30 de mayo de 2007, dos días después de su muerte, por elementos de la policía estatal.
La CNDH ha señalado de manera insistente que aun cuando no se tiene un registro completo de los casos de intolerancia religiosa, hay claras evidencias que demuestran la existencia de focos rojos, cuyas manifestaciones más violentas se presentan fundamentalmente en los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, diagnóstico que coincide con el presentado por La Voz de los Mártires, según señaló Óscar Moha Vargas, representante en México de dicha organización.
En entrevista, informó que en un principio dicha organización consideró innecesario abrir una oficina en México –la sede para toda América Latina está en Costa Rica–, pero las múltiples denuncias han obligado a establecer una sede especial para nuestro país, que ya trabaja y que en octubre venidero será ratificada en Washington, en una asamblea plenaria con ocho de las principales organizaciones que abordan el fenómeno a escala internacional.
La Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su correspondiente diagnóstico en México, da cuenta en un apartado especial sobre intolerancia, discriminació
Y aunque el mayor número de casos de intolerancia se presenta en las áreas rurales, las grandes ciudades también dan cuenta de este fenómeno. Un caso especial es el de los alumnos cuyos padres son miembros de la congregación de los Testigos de Jehová, y que por motivos de su religión, en algunas escuelas son sancionados por su negativa a participar en las ceremonias cívicas. Sólo una férrea defensa a nivel nacional de los Testigos de Jehová y la participación de la CNDH han ayudado a disminuir el número de casos, los que todavía ocurren de manera aislada.
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