| Cynthia Hotton habla sobre la sanción de la Ley de estupefacientes en Argentina La intención del Gobierno nacional de avanzar prontamente hacia la sanción de una nueva ley de estupefacientes que despenalice la tenencia para consumo personal e intensifique la lucha contra el narcotráfico, reviste a las claras profundas contradicciones; falencias que no hacen más que anticipar un agravamiento del impacto de este flagelo antes que la resolución del mismo. Entre otras tantas distorsiones que se vislumbran, una de las principales preocupaciones gira en torno a la subjetividad que pueda llegar a tener la aplicación de la ley, y la eventual falta de criterios claros y absolutos para marcar diferencias entre tráfico, comercio, distribución, almacenamiento y consumo. ¿Cómo podrá la Justicia determinar a ciencia cierta si la sustancia ilegal se encuentra en poder de una persona con fines de consumo o, por el contrario, comerciales? ¿Cómo determinarán nuestros jueces si la cantidad de sustancia hallada en poder de un individuo es considerada "pequeña" o "grande"? Los grises y las excepciones pueden derivar en la irremediable libertad de los culpables. La cuestión de la cantidad
Las redes de narcotráfico parecen haberse anticipado a las políticas del Gobierno en este sentido; en rigor, si se viera el vaso medio vacío, el Gobierno pareciera estar avanzando lentamente y muy por detrás de las estrategias del narcotráfico. Desde hace tiempo, los referentes del comercio ilegal de sustancias ilícitas en el país han ido "favelizando" progresivamente barrios y otros asentamientos, formando una vasta red de cómplices (ciudadanos comunes y corrientes) que con una participación muchas veces pasiva encuentran en la droga un ingreso económico accesible frente a sus imposibilidades de insertarse laboralmente. Así, la estrategia de los narcos en muchos casos es hoy por hoy el fraccionamiento y desconcentración de las cargas en cientos de domicilios particulares ubicados en zonas a las cuales las fuerzas de seguridad se niegan a ingresar por temor o por complicidad. Se forman así "empresas familiares" en torno a los estupefacientes, en las que padres e hijos se involucran con el objetivo de asegurar su subsistencia. Un caso testigo es el de Villa Cornú, en plena ciudad de Córdoba, en donde unos 4 mil vecinos decidieron unirse para combatir el acelerado incremento del manejo de drogas en esa barriada, designando incluso un abogado defensor que los representara ante la Justicia y presentando un recurso de amparo colectivo que fue aceptado por la Justicia. Otros tantos barrios, en cambio, ya no encuentran resistencia entre sus vecinos sino sólo complicidades. Estos asentamientos, entonces, son pequeños mundos narcos, una suerte de "favelas", en las cuales la principal autoridad sobre las familias no es el Estado ni mucho menos la Policía, sino aquellas caras cuasi invisibles que permiten mediante el negocio de la droga la subsistencia de familias enteras. Con la eventual despenalización de la tenencia de estupefacientes no se hará más que facilitar y legalizar la venta minorista de drogas en nuestros barrios. Frente a esta realidad ineludible cabe preguntarnos: ¿No será que cada operativo domiciliario en el que se encuentren a futuro sustancias sembradas transitoriamente por el narcotráfico carezca de utilidad por tratarse de pequeñas cantidades y por ser supuestamente para consumo personal, o más bien "familiar"? El Jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, aseguró que la ley de drogas que el Ejecutivo pretende aprobar antes de fin de año atacará precisamente a los "narcos" antes que a los "perejiles" (léase, las personas "utilizadas" para depositar o transportar pequeñas cantidades de droga). ¿Acaso no es el "perejil" una especie de sucursal viva del poderoso narcotraficante; no es el "perejil" más que el narcotraficante fraccionado? Es más, justificó las intenciones oficiales en que la política represiva no ha logrado reducir no la producción ni el consumo en ningún lugar del mundo. ¿Qué políticas efectivas de prevención y lucha contra el narcotráfico se han aplicado desde el Gobierno nacional en los últimos seis años? El problema radica precisamente en ese punto. La necesidad de políticas de Estado urgentes
Las extendidas complicidades que la red de narcotráfico necesita para funcionar y reproducirse pueden ser, en cambio, exterminadas progresivamente mediante políticas de inclusión social que den a cada ciudadano la posibilidad de insertarse en el mundo laboral y evitar así el ingreso a estas actividades ilegales a cambio de plata fácil. El "perejil" seguirá siendo tal en tanto no encuentre posibilidades de acceso a la educación y al trabajo digno. La lucha aguerrida contra los narcos debe decididamente intensificarse; pero no deben descuidarse una de las causas del crecimiento exponencial del narcotráfico: las necesidades insatisfechas de miles de familias que, ante el silencio de las autoridades nacionales y acosados por los dueños de la droga, terminan siendo cooptados. Por Cynthia Hotton, diputada nacional por "Valores para mi País", vicepresidenta de la comisión de Familia, Mujer y Niñez del Congreso de la Nación. | 
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